Mediante un instructivo enviado a todas las reparticiones públicas destinado  a presionar y sancionar, mediante la delación,  a los funcionarios que adhieran al paro, desconociendo el derecho legal que le asiste a la ciudadanía y sus organizaciones, manifestar mediante movilizaciones y el paro en defensa de sus derechos, que la autoridad pretende conculcar mediante el incentivo a la  delación y el soplonaje para intentar paralizar cualquier tipo de adhesión  al Paro Nacional. La circular, de dos carillas, enviada por el gobierno a las diferentes reparticiones del Estado titulado "Acta de Constancia de ausencia de funcionarios en sus labores funcionariales" (Ver Instructivo) establece  la firma del funcionario que hará la denuncia, los datos de los funcionarios que toman la declaración y asisten en calidad de testigos, incentivando el sacar fotos y grabar para establecer medios de prueba que puedan ser utilizados en tribunales del trabajo. Esta situación  constituye un flagrante atropello a los derechos ciudadanos y funcionarios, quebrantando convenios internacionales suscritos por el Estado Chileno con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, haciendo  retroceder al país a prácticas éticas y culturales, que caracterizaron el período de la dictadura militar.