
- A pocos días de un accidente con resultado de muerte que involucró a un consejero o la denuncia por intento de violación contra el Director del Servicio de Salud Aysén, la opinión pública se vuelve a remover ahora con adjudicaciones millonarias a familiares de militantes oficialistas en distintas aristas del Gobierno.
Patricio Aylwin y Rafael Pla, ambos militantes de la Democracia Cristiana de la Región de Aysén, han estremecido a la opinión pública regional con una nueva denuncia que afecta al Concejo Regional a través de los Concejeros Oficialistas Rodríguez (RN) y Montecinos (UDI). La denuncia que se hace a menos de una semana que otro consejero oficialista atropellara a un transeúnte y se diera a la fuga para luego negarse a hacer su alcotest, no sólo se vincula a una inéditamente rápida aprobación de recursos por parte de este Organismo colegiado sino que tiene que ver con que los beneficiarios de dichos recursos son familiares de los Consejeros, del Secretario Ejecutivo del Consejo e inclusive del Director del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG.
Los hechos comienzan el día viernes 2 de septiembre alrededor de las 12:00 hrs cuando se confecciona la ficha técnica IDI para ser presentada como proyecto al Consejo Regional, no pasaron más de 24 horas hábiles hasta que se votó dicha propuesta en la comisión de fomento productivo Presidida por el Consejero Regional Eligio Montecinos Araya e integrada por entre otros el Consejero José Rodríguez Encalada, Luego con fecha a 5 de septiembre de 2011 se llegaría al Acuerdo Nº 3.058, mediante el cual aprobó la transferencia de recursos al Sistema de Incentivos para Sustentabilidad Agroindustrial de los suelos Agropecuarios (SIRSD-S), por más de $ 301 millones.
Lo anterior encontró su sustento en el hecho que la cantidad de postulantes
habría superado la cantidad de recursos disponibles por el Ministerio de
Agricultura, para dicho proyecto sectorial, el cual es financiado originalmente
por el presupuesto de la nación vía administración del SAG y que habría
experimentado una lista de espera correspondiente a 84 planes de manejo y
productores, con nombres, apellidos y
montos a financiar, con un estimado de
Reiteradas fueron las denuncias que habría recibido Aylwin y Pla referentes al hecho de que había una supuesta lista de personas beneficiarias del programa, que se repetían en años anteriores, desplazando con ello a otras que nunca habían sido beneficiadas, familias o empresas de una reconocida solvencia económica en la región de Aysén que marginaban de este beneficio a personas y familias de menores recursos y más vulnerables, como asimismo de personas que aparentemente no ostentaban la calidad de propietarios de los terrenos o que derechamente no reunían los requisitos para ser beneficiario de este tipo de programas, por ser familiares directos de funcionarios públicos con poder para determinar el origen y destino de los recursos asignados.
Una vez requerida la información pertinente se pudo constatar que dentro de
los beneficiarios contemplados en la lista de espera de 84 personas o
productores, se encontraban la cónyuge e hijo del Consejero Regional José
Rodríguez Encalada, con la suma de $ 6.022.880 y $ 2.346.018; se descubrió que
también se beneficiarían con este programa al padre y abuelo, del Secretario
Ejecutivo del CORE Sergio De Amesti Cea como también se pudo determinar que
también figura como beneficiaria la cónyuge, hermano y tío, del Consejero
Regional Eligio Montecinos Araya, actual Presidente de
Los antecedentes que están en Contraloría a espera de una determinación, han sido difundido en los medios regionales a la espera que el Gobierno tome alguna medida, toda vez que ante los últimos hechos que han sucedido en la región al interior de distintos organismos y que van desde adjudicaciones millonarias a familiares, contratación de profesionales con títulos falsos, denuncias por estafas, accidentes con resultado de muerte, robo de vehículos fiscales, intentos de violación, entre otros no se ha removido a ningún funcionario acusado aún cuando en muchos casos existen pruebas y antecedentes claros de culpabilidad o participación.
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